sábado, 11 de diciembre de 2010

PETRÓLEO Y LA ECONOMÍA LATINO AMERICANA


"...Es menester nacionalizar y resguardar por el Estado las fuentes de petróleo, sobre las cuales se cierne el propósito de acaparamiento de los sindicatos y trusts extranjeros: los gobiernos de los países de Sud América que para mantener la certidumbre de su futuro progreso así lo hagan, ejercitarán una alta previsión patriótica. Nacionalizar y explotar con criterio que consulte el interés de la Nación los yacimientos de combustibles líquido, es robustecer la propia economía y, al mismo tiempo, restar predominio a los trusts acaparadores que absorben y oprimen con sus imposiciones y refuerzan su poder explotando nuestras riquezas naturales y utilizando en su provecho los enormes beneficios que de ellas se obtienen...."
Por Enrique Mosconi

Concepto motriz (1927)
Nuestra Nación, al igual que otras latinoamericanas, se encuentra empeñada en la laboriosa y compleja organización de su economía. Estos países, constituidos políticamente después de grandes y penosas dificultades, de largas y sangrientas perturbaciones, que tienen su explicación en la calidad de los factores étnicos que intervinieron en la conquista y en la evolución social de la colonia, inician la tercera y última etapa de su historia ascendente.
Emancipados del dominio ibérico, los pueblos sudamericanos, formados por toscos elementos raciales, se debaten en procura de su organización definitiva, guiados por confusos principios políticos que van desde el gobierno monárquico hacia la república unitaria o federal, y disponiendo de rudimentarias bases políticas. Mientras nuestras provincias cruzan la larga noche de incertidumbre y desconcierto de la fraticida lucha armada, expresión final de las ambiciones y rivalidades de personas o de grupos, y solución a la vez de localismos preñados de envidias y enconos irreductibles, germina la nueva vida. De las tragedias del malón indio o mestizo, de la opresión instituida por la barbarie, surge al fin, felizmente, la fórmula definitiva de nuestra constitución política.
Las nacionalidades se asientan sobre normas de progreso colectivo. El trabajo y una evolución forzosamente lenta, pero inevitablemente segura, alcanzarán el bienestar del pueblo, propósito cardinal que en todos los tiempos ha orientado el pensamiento y la acción de los hombres de gobierno patriotas.
Nuestro estatuto provisional de 1815 y la Constitución de 1826, que disuelve nuevamente la Nación que intentaba organizarse, establecían en sus declaraciones de derechos y garantías principios fundamentales de atracción para el extranjero. Los fundadores de la nacionalidad comprendieron claramente que necesitaban dos elementos de que no disponían en la inmensidad del suelo argentino: hombres y capitales. La Constitución del 53, reformada el 60, es de una liberalidad excepcional, inspirada en la necesidad acentuada de “atraer y asimilar al extranjero, a todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo” y compartir el imperio de nuestras leyes.
Hombres y capitales se requerían para organizar el trabajo y la explotación de las riquezas nacionales. Hombres y capitales eran necesarios para utilizar los productos del país; para fomentar y acrecentar sus valores; para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y en la campaña; para intensificar el intercambio interior y el comercio exterior; para utilizar los ríos navegables y construir ferrocarriles y puertos; para equipar al país, en fin, con los pertrechos y las organizaciones indispensables y accesorias para una explotación intensa de la riqueza pública y privada. Sólo así podría elevarse a insospechada altura el nivel de vida de sus habitantes y sólo así podría convertirse en realidad el ideal de libertad espiritual, como fruto sazonado de las fuerzas morales y materiales de la colectividad.
Setenta y cinco años de trabajo han elevado la riqueza pública a valores muy considerables, si se observa su relación por habitante. Sin embargo, necesitamos aún de hombres y capitales extranjeros para acelerar y completar nuestro desarrollo; pero los deberes de nuestra época y la aspiración de un más grande futuro nos indican que el internacionalismo económico que nos ha formado y hecho nación debe estar sujeto a una influencia gradual, que tienda a transformarlo paulatinamente en una organización económica nacionalista hasta donde lo permita la independencia de los pueblos modernos. Los conceptos constitucionales y normas legales que fueron excelentes a mediados del siglo pasado, son pasibles de modificaciones si hemos de acelerar nuestra marcha y alcanzar los objetivos magníficos del preámbulo de nuestra carta magna.
Ha llegado ya el momento de seleccionar hombres y capitales y establecer asimismo protección para hombres y capitales nacionales. Organizando el trabajo y las explotaciones de las riquezas nacionales con hombres y dinero del país, mejoraremos evidentemente nuestras condiciones de vida, lo que es indispensable si, como lo hemos manifestado, nos encontramos aún en la necesidad de continuar atrayendo la inmigración deseable. Estimulando el espíritu de empresa en el capital nacional, refugiado hoy en la inacción o en el interés de los títulos o cédulas hipotecarias, aprovechando los mayores saldos del trabajo y en ello tendremos otra razón más de mejoramiento. En las actividades industriales, en las grandes organizaciones agropecuarias que, coordinadas en el intercambio mundial, controlan y fijan, no siempre con toda la equidad que sería de desear, la remuneración del trabajo de campaña; en las industrias de los transportes fluviales, marítimos, terrestres y aéreos, en el comercio y las organizaciones bancarias, es tiempo ya que la inteligencia y el capital argentinos intervengan en más vasta escala y recojan los beneficios colectivos que hoy se nos escurren de las manos.
Con la cooperación de Europa hemos organizado el país y lo hemos equipado, colocándolo en condiciones de emprender la explotación de sus riquezas y posibilidades en mayor escala; en los últimos años los Estados Unidos, con el envío de capitales y representantes de sus grandes empresas, se incorporaron a nuestras actividades. Podemos, pues, elegir ahora el elemento que nos convenga; pero, en primer término, nuestro deber es realizar con nuestros propios medios una máxima tarea y luego aceptar la colaboración de hombres y capitales, sin distinción de nacionalidad, siempre que éstos se sometan sin reparo a las imposiciones de nuestras leyes. Capitales que pretendan condiciones especiales, exigiendo un tratamiento de excepción que algunas veces no ha de poder acordarse a los del país, no favorecen a la Nación; capitales que aspiren al dominio económico, que tengan el propósito de tomar ingerencias políticas en los países en que operan, que empleen por sistema procedimientos y normas inmorales, que pretendan no ser regidos por las leyes en esos capitales llevan en sí gérmenes de futuras dificultades y perturbaciones internas y externas.
La situación de la República Argentina es semejante a la de los demás países de Latinoamérica, que bregan por la consolidación de su economía y de su progreso moral y material.
En esta organización económica, el petróleo desempeñará en lo futuro un papel trascendente, pues es el elemento indispensable para fomentar y proteger el crecimiento y desarrollo de la industria nacional a seguir así el proceso evolutivo de los pueblos, que, en plena expansión de su fuerza creadora, han arribado a un positivo bienestar y consolidado su nacionalidad.
Los países de Latinoamérica que, como el nuestro, explotan petróleo y no posean yacimientos carboníferos, o que los que los que tengan no sean comercialmente explotables, deben preservar las fuentes de combustible líquido de toda influencia que no sea eminentemente nacionalista; el combustible constituye la plataforma sobre la que se levantará su futura organización industrial.
Por otra parte, esto tiene una importancia capital, pues la evolución de nuestros países podrá substraerlos de la lucha tenaz que por la posesión del petróleo libran los grandes imperios mundiales, lucha que dificulta el desarrollo, perturba la vida económica y social y muchas veces oprime la soberanía y la libertad de los pueblos menos organizados y menos fuertes; lucha inevitable en la conquista del predominio industrial y comercial, generadora de enriquecimiento de la colectividad triunfante; lucha que dará al vencedor los privilegios y la seguridad de defender y mantener esos beneficios.
Es menester nacionalizar y resguardar por el Estado las fuentes de petróleo, sobre las cuales se cierne el propósito de acaparamiento de los sindicatos y trusts extranjeros: los gobiernos de los países de Sud América que para mantener la certidumbre de su futuro progreso así lo hagan, ejercitarán una alta previsión patriótica. Nacionalizar y explotar con criterio que consulte el interés de la Nación los yacimientos de combustibles líquido, es robustecer la propia economía y, al mismo tiempo, restar predominio a los trusts acaparadores que absorben y oprimen con sus imposiciones y refuerzan su poder explotando nuestras riquezas naturales y utilizando en su provecho los enormes beneficios que de ellas se obtienen. Pero para nacionalizar las fuentes de petróleo, para que el Estado mantenga en sus manos el control conveniente y perciba participación equitativa en los beneficios, mucha veces extraordinarios, de las explotaciones, es menester que los hombres de Gobierno den prueba de gran espíritu de previsión y obtengan en oportunidad la adecuada legislación.
Las leyes de petróleo, como lo he manifestado en otro lugar, pueden sancionarse con toda facilidad cuando no existe petróleo. Esta observación es de interés para los países donde aún no ha alumbrado yacimiento alguno, lo que puede ocurrir en forma inesperada. La experiencia argentina constituye un amplio e incontratable ejemplo. Entre nosotros, a pesar de toda la labor cumplida en cuanto a legislación se refiere desde que se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, hace 20 años, no henos definido aún la ley que dé unidad de doctrina e interpretación a la aplicación de las normas para la explotación metódica y racional de los yacimientos; que modere, si así fuera ignorancia y la incapacidad pueden producir en los depósitos naturales; que dé, en fin, a la Nación, la verdadera posesión de sus minas y que la Nación y las provincias usufructúen equitativamente sus beneficios.
Dotar a la Nación de la conveniente legislación del petróleo cuando por imprevisión se han acordado derechos y se ha puesto en acción el interés del capital privado nacional, y especialmente del capital extranjero, es obra ardua y patriótica. La tarea es digna de los grandes partidos políticos y de los hombres conductores de clara visión. Una nueva adecuada solución dará a los pueblos latinoamericanos beneficios de orden moral, económico, político y social. Una mala solución producirá efectos diametralmente opuestos, como nos lo demuestran las graves dificultades y los grandes males que han experimentado los países que no han resguardado debidamente su riqueza minera. El problema argentino espera aún esa grande y definitiva solución.
Extraído del libro: “Dichos y Hechos”
General Enrique Mosconi
El Ateneo; Buenos Aires; 1939;

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